En tiempos recientes una preocupación compartida entre las potencias económicas occidentales del G7 y la Unión Europea es que su interdependencia económica con China es riesgosa. Creen que China estará dispuesta a utilizarla de manera creciente como un método de coerción para conseguir sus prioridades. 

Es decir, las economías occidentales temen que China pueda restringir el acceso a su mercado o suspender el suministro de algún insumo estratégico, para tratar de moldear sus decisiones clave de política doméstica o externa. Weaponization of interdependence, es un término cada vez más utilizado en los enfoques de seguridad de estas naciones. Incluso, convergen en que es prioritario disminuir los lazos económicos con China y otros países hostiles a través de orientarr la relocalización de cadenas de valor estratégicas hacia países confiables (friendshoring).

Como es evidente, desde México, Canadá y otros países, la misma óptica de seguridad podría aplicarse para dimensionar el comportamiento de Estados Unidos bajo el trumpismo. Por ejemplo, en el año 2017 Estados Unidos impuso aranceles contra el acero y aluminio provenientes de México y Canadá como una forma de presión contra sus socios comerciales y para debilitar sus posturas durante la negociación del hoy TMEC. El gobierno de Trump lo hizo aun y cuando dichas medidas representaron un balazo en el pie para las cadenas de valor compartidas de la industria automotriz.

Durante el primer gobierno de Trump, al revivir leyes pensadas para la Guerra Fría, se articuló una ruta jurídica para imponer tarifas contra socios comerciales con los cuales se tienen acuerdos comerciales o se comparte membresía en la OMC. 

La sección 232 de la ley de expansión comercial de 1962, otorga al ejecutivo estadounidense la facultad de imponer aranceles a la importación de un bien o servicio que se considere riesgoso para la seguridad nacional. En el 2017, la justificación fue totalmente arbitraria. Por supuesto que la importación de acero y aluminio para fabricar autos no vulnera de ningún modo la seguridad nacional. Pero es la discrecionalidad que los legisladores le dieron al mandatario estadounidense.

La pinza jurídica se cierra con las cláusulas de excepción al cumplimiento de la desgravación arancelaria y otras normas pactadas contenidas en el GATT y en el TMEC, que se activan cuando un país miembro argumenta la existencia de una amenaza comercial a su seguridad. 

Aunque el gobierno de Trump heredó este mecanismo jurídico a su sucesor, el gobierno de Biden no lo utilizó y decidió conducirse dentro de la institucionalidad del acuerdo económico trilateral. Sin embargo, es absolutamente probable que el próximo gobierno de Trump utilice éste y otros artilugios jurídicos para hacer de la interdependencia económica un recurso de intimidación y presión internacional. 

En la visión de las élites políticas estadounidenses (incluidas las demócratas), el libre comercio ha dejado de ser un fin prioritario en sí mismo.  En el nuevo entendimiento, la seguridad del estado, la obtención de ganancias relativas frente a otros estados y la superioridad de Estados Unidos frente a China tienen prioridad sobre los consumidores y la competitividad de las empresas. Jake Sullivan el consejero de seguridad nacional de Biden, ha caracterizado un Nuevo Consenso de Washington en el que se revitalice la intervención del estado en la economía con el objetivo de revertir el daño económico y social que el dogma de los mercados abiertos ha causado al pueblo estadounidense.

La visión trumpista va más allá y es más agresiva. Para este grupo, es aceptable y deseable que Estados Unidos haga de la interdependencia económica un arma, aunque ello debilite las normas económicas internacionales y socave la certidumbre para la inversión extranjera. 

Hoy fue el uso de la amenaza arancelaria como método para tratar de imponer a México su visión y prioridades en el combate al fentanilo y la contención de la migración. También como un método para orillar a Canadá a desmarcarse del problema mexicano y buscar su propio entendimiento bilateral con Estados Unidos. 

En los primeros meses de gobierno de Trump, seguramente veremos el ejercicio de la coerción para hacer que México y Canadá converjan con la visión anti China de Estados Unidos y alineen sus políticas económicas domésticas y algunos capítulos clave del TMEC con las prioridades estadounidenses en sectores como los autos eléctricos, medicamentos y semiconductores. 

Ante este nuevo panorama, creo que en México debemos de recalibrar las expectativas sobre la supuesta ola de nearshoring.  También me parece importante sopesar si es posible y deseable contar con alguna doctrina de seguridad económica como la que tiene Japón o la Unión Europea. Y, por último, desde el interior de la sociedad estadounidense—no sólo desde la mañanera—y en conjunto con actores con intereses comunes, será importante hacer el intento de articular una contra narrativa que socave la legitimidad de la visión trumpista.