Comúnmente se piensa que los tratados de libre comercio proporcionan certidumbre y estabilidad para las empresas y las inversiones. Sin embargo, la reciente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) demuestra que también pueden convertirse en instrumentos de poder, seguridad y competencia geoeconómica.
Desde su entrada en vigor en 2020, el acuerdo estableció una vigencia inicial de dieciséis años, hasta 2036, y contempló una revisión conjunta en 2026. El escenario más favorable consistía en que los tres gobiernos manifestaran su voluntad de extender su vigencia por otros dieciséis años hasta 2042. Sin embargo, el resultado fue distinto. Estados Unidos decidió no comprometerse con esa extensión y optó por mantener el tratado vigente únicamente hasta 2036, sujeto a revisiones anuales.
A primera vista, esta decisión podría interpretarse como un mero desacuerdo comercial. Sin embargo, representa una dinámica internacional más profunda. Las reglas de un acuerdo económico nunca son neutrales, pues reflejan los intereses, prioridades y capacidades de negociación de quienes lo diseñan. Cuando un tratado se negocia entre países con distintos niveles de poder, es frecuente que sus normas terminen favoreciendo, en mayor medida, las preferencias del actor más fuerte.
Ese ha sido históricamente el caso de América del Norte. La enorme diferencia en capacidades económicas y políticas entre Estados Unidos y sus socios convierte al primero en el principal arquitecto de las reglas regionales. Bajo esta lógica, las revisiones anuales fortalecen su posición negociadora, pues le permitirán moldear progresivamente el tratado conforme evolucionen sus intereses y las transformaciones de la economía internacional.
La pregunta entonces es, ¿hacia dónde pretende orientar Estados Unidos esa evolución del T-MEC?
La respuesta puede resumirse en un concepto que ha adquirido centralidad en la política internacional estadounidense: la seguridad económica. Hoy, en Estados Unidos se considera que la competitividad industrial, el liderazgo tecnológico y la resiliencia de las cadenas de suministro son componentes esenciales de su seguridad nacional.
Esta nueva agenda persigue, en primer lugar, revitalizar la producción doméstica en sectores considerados críticos, entre ellos, los semiconductores, la inteligencia artificial, la industria automotriz, el acero y el aluminio, los minerales críticos y la industria farmacéutica. Para ello, el gobierno estadounidense ha desplegado una combinación de subsidios, incentivos fiscales y políticas arancelarias orientadas a estimular la inversión dentro de su territorio y a reducir los incentivos para producir en el exterior. Es decir, una especie de sustitución de importaciones del siglo XXI.
El T-MEC no ha permanecido ajeno a esta lógica. Varias de sus disposiciones ya buscan favorecer una mayor producción nacional y regional. Las cláusulas de contenido laboral del sector automotriz, por ejemplo, elevan el porcentaje que debe producirse en territorio estadounidense ( pues tiene zonas donde el salario está por encima de 16 dólares la hora) para que un vehículo pueda acceder a los beneficios arancelarios del tratado. Asimismo, el capítulo laboral incorpora obligaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva que responden a una antigua preocupación estadounidense; la de evitar que las menores condiciones laborales en México funcionen como una ventaja para atraer inversiones manufactureras. No es difícil pensar que en las revisiones anuales, Estados Unidos tratará de impulsar su producción doméstica.
El segundo objetivo de Estados Unidos consiste en reducir las dependencias económicas consideradas riesgosas, particularmente respecto de China. En los últimos años, el vecino del norte ha impulsado una política orientada a diversificar proveedores, fortalecer las cadenas regionales de suministro y disminuir la presencia de insumos, inversiones y flujo de tecnologías hacia y desde economías que considera adversarias.
Desde esta perspectiva, el T-MEC debe entenderse como un instrumento de competencia geoeconómica. Sus reglas ya contienen mecanismos que limitan la incorporación de contenido chino en sectores clave como el automotriz. Incluso, la llamada "cláusula China" refleja la intención estadounidense de evitar que alguno de los socios establezca acuerdos comerciales integrales con economías centralmente planificadas, como China o Rusia.
No sería extraño que, durante las futuras revisiones, Estados Unidos impulse nuevas disposiciones encaminadas a coordinar políticas entre los tres países frente al país asiático. Entre ellas, podrían figurar una mayor homologación de aranceles en sectores estratégicos —como los vehículos eléctricos— o mecanismos coordinados de revisión de inversiones extranjeras, como las que Estados Unidos y Canadá han puesto en práctica recientemente, y que tienen como objetivo restringir la participación de empresas chinas y de frenar la migración de empresas estadounidenses hacia China, en sectores considerados sensibles para la seguridad económica.
En este contexto, el principal desafío para México consiste en comprender que las revisiones anuales no representan únicamente un proceso técnico de actualización del tratado. Constituyen un espacio de negociación geoeconómica donde se redefinirán las reglas que organizarán la producción, la inversión y la competitividad de América del Norte durante la próxima década.
Preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense seguirá siendo una prioridad para México. Sin embargo, ello no debería impedir que nuestro país fortalezca su capacidad de negociación ni que construya una estrategia propia frente a las transformaciones de la economía mundial, incluida la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. De lo contrario, las revisiones anuales podrían convertirse en un mecanismo mediante el cual Estados Unidos continúe moldeando el futuro económico de la región conforme a sus propias prioridades sin necesariamente tomar en consideración las de sus vecinos.
