El reciente ataque de Estados Unidos contra Irán, ocurrido el 28 de febrero, debe entenderse como la continuación de una larga relación de hostilidad y desconfianza mutua entre Estados Unidos, Israel e Irán. No se trata de un episodio aislado, sino de un capítulo más de una confrontación que se ha acumulado por décadas y que tiene raíces profundas en la geopolítica del Medio Oriente.
Sin embargo, la ofensiva militar lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes forma parte de una lógica emergente dentro de la política exterior estadounidense de la posguerra fría. La consecución de sus objetivos mediante el uso de la fuerza y su superioridad militar contra estados autoritarios y considerados hostiles a sus intereses. Lo anterior, por medio de transgredir, sin ningún reparo, la Carta de las Naciones Unidas para imponer nuevas pautas de comportamiento que Estados Unidos considera convenientes.
En el caso particular de Irán, en la historia reciente Estados Unidos ha perseguido tres objetivos estratégicos principales. El primero es eliminar las capacidades nucleares y balísticas del régimen iraní, consideradas por Washington como una amenaza a la seguridad regional e internacional. El segundo consiste en responder a las preocupaciones de seguridad de Israel, aliado estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente. La relación bilateral entre ambos países implica una coordinación militar y política en la que el gobierno israelí ha presionado durante años para frenar las capacidades militares de Irán y su influencia regional. El tercer objetivo ha sido debilitar la estrategia iraní de influencia indirecta a través de proxies, entre los que destacan Hezbollah en Líbano y Hamas en Palestina.
En el actual episodio, el presidente Donald Trump ha señalado que uno de los objetivos de la ofensiva sería provocar un cambio de régimen en Irán. Sin embargo, este escenario resulta poco plausible. El sistema político iraní no depende de liderazgos personalistas, sino de una estructura institucional relativamente sólida, en la que participan el clero, las Guardias Revolucionarias y diversas instituciones políticas. Aunque el régimen enfrenta desde hace años problemas de legitimidad derivados de la represión política y del deterioro económico, su estructura de poder no puede derrumbarse únicamente mediante el descabezamiento de liderazgos.
Un verdadero cambio de régimen requeriría una intervención terrestre a gran escala. Y ese escenario choca directamente con una de las principales líneas rojas que Trump ha dibujado frente a sus bases MAGA. Esta es, evitar el despliegue de grandes contingentes de tropas estadounidenses en guerras prolongadas en el extranjero.
En ese sentido, me inclino a pensar que los Estados Unidos busca replicar un modelo de presión máxima similar al aplicado contra Venezuela. Bajo esta lógica, el objetivo sería debilitar progresivamente al gobierno iraní mediante amenazas latentes, sanciones, presión militar y aislamiento internacional, con el fin de obtener concesiones en aspectos clave de su política interna y externa que respondan a los objetivos mencionados líneas atrás. Otro elemento estratégico importante podría ser el intento de fracturar la asociación que Irán mantiene con rivales geopolíticos estadounidenses como Rusia y China en materia energética y militar.
Dos reflexiones adicionales ayudan a comprender las implicaciones de esta guerra. En términos regionales, la historia reciente de Medio Oriente muestra que Estados Unidos ha sido eficaz en el corto plazo para imponerse militarmente, pero menos exitoso en la construcción de equilibrios políticos duraderos. El caso de Iraq es ilustrativo. La invasión de 2003 logró derribar al régimen de Saddam Hussein, pero la posterior imposición de un sistema democrático que nunca funcionó, terminó debilitando al Estado iraquí, fortaleciendo indirectamente la influencia regional de Irán y generando las condiciones para la expansión territorial del grupo terrorista ISIS.
En términos del sistema internacional, el conflicto también saca a relucir pautas sobre el comportamiento de las grandes potencias. En términos del grado de apego a las normas internacionales, valdría la pena señalar que, en la invasión a Iraq del 2003, Estados Unidos buscó, sin éxito, dotar de legalidad su ataque al someterlo al Consejo de Seguridad de la ONU, institución que terminó validando ex post la invasión estadounidense. En la actual campaña, Estados Unidos simplemente desplazó de un plumazo las normas de la seguridad internacional.
En relación a Rusia y China, han reaccionado con cautela y no han intervenido directamente en defensa de Irán. Esto sugiere que, aunque ambos países comparten con Teherán intereses en materia militar y energética, no están dispuestos a convertir esa asociación en una alianza militar que los arrastre a una confrontación directa con Washington. Esta dinámica podría contribuir a contener el conflicto dentro de los límites de una guerra internacional regionalmente focalizada y evitar una escalada hacia una conflagración mundial.
Sin embargo, ello no elimina los impactos globales derivados de la creciente incertidumbre en los mercados energéticos internacionales causada por la inseguridad en el estrecho de Ormuz. Como tampoco elimina otro de los problemas de fondo al que habrá que darle seguimiento. Me refiero al problema de que las acciones militares contundentes no se traducen automáticamente en soluciones políticas sostenibles. Y el Medio Oriente, una vez más, podría convertirse en el escenario donde volvamos a confirmarlo.
