^{La experta de la UPAEP propuso fortalecer la formación continua, la certificación de competencias y la vinculación entre academia y sector laboral.}

^{Durante el conversatorio “La profesionalización de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres”, subrayó la importancia de adaptar los programas educativos a las necesidades actuales y futuras del país.}

Martha Huerta Cruz, Directora de Procesos de Evaluación para Certificación de la UPAEP, participó en el conversatorio “La profesionalización de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Alianzas que construyen una agenda común”, organizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el encuentro, presentó propuestas para fortalecer la formación, capacitación y certificación de quienes trabajan en la prevención y atención de riesgos.

Realizado el 13 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el conversatorio reunió a representantes de instituciones especializadas y educativas para reflexionar sobre las capacidades que México necesita desarrollar en materia de gestión integral del riesgo.

Formación continua y programas educativos pertinentes

Durante su intervención, Huerta Cruz explicó que la formación debe generar aprendizajes para toda la vida, mientras que la capacitación permite actualizar conocimientos y fortalecer las habilidades necesarias para el desempeño laboral. Por su parte, la certificación ayuda a verificar y reconocer las competencias de las personas.

En este sentido, destacó la necesidad de actualizar los planes de estudio mediante modelos flexibles, vinculados con el entorno laboral y capaces de adaptarse a los avances tecnológicos. También enfatizó que los programas deben equilibrar la preparación técnica con el desarrollo humano y habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas.

La académica propuso establecer comités de vinculación para que las instituciones educativas y el sector productivo colaboren en el diseño de perfiles profesionales e identifiquen las competencias que México requiere a corto y mediano plazo.

Asimismo, consideró importante fortalecer el modelo de educación dual, que combina el aprendizaje académico con la experiencia práctica, y desarrollar programas modulares que permitan reconocer avances mediante microcredenciales y, posteriormente, certificaciones.

Alianzas para responder a las necesidades del país

Otra de las propuestas consistió en desarrollar plataformas de inteligencia laboral que permitan identificar los conocimientos y habilidades que demandan las organizaciones. Esta información facilitaría a las instituciones educativas reconocer brechas de talento y adaptar sus programas a las necesidades de cada región.

Huerta Cruz también resaltó la importancia de mantener estos procesos alineados con la normatividad nacional, incluido el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, así como considerar las recomendaciones internacionales en materia de capacitación y certificación.

Al reflexionar sobre cómo articular las capacidades nacionales, la especialista destacó el valor de compartir experiencias, evidencias y conocimientos entre instituciones para homologar conceptos y fortalecer los procesos de profesionalización. Como ejemplo, recordó la experiencia de la UPAEP en el desarrollo de un estándar de competencia relacionado con el registro de daños ante sismos, que surgió de la necesidad de contar con criterios comunes para documentar y comunicar lo ocurrido durante un desastre.

En el conversatorio también participaron Enrique Guevara Ortiz, director general del CENAPRED; Itza Maynes Villegas, directora de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Universitario Chiapas, y Enrique Bravo Medina, director de la Escuela Nacional de Protección Civil. Los especialistas compartieron perspectivas sobre las capacidades que México necesita fortalecer para avanzar hacia una gestión integral del riesgo.

La participación de la UPAEP destacó la importancia de la colaboración entre instituciones educativas, organismos especializados y sectores de la sociedad para formar profesionales capaces de anticipar riesgos, tomar decisiones fundamentadas y contribuir a la protección de la vida y la construcción de comunidades más seguras y resilientes.