Hoy, 28 de agosto, se celebra a San Agustín, cuyo nombre recibió uno de los personajes más interesantes y mal comprendidos de la historia de México, de quien ya hemos hablado en esta columna que perpetramos con singular temeridad semana tras semana, con la inexplicable benevolencia de mis cuatro fieles y amables lectores. Es así que en estas fechas se combinan algunos hechos muy relevantes para este país: el 24 de agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba, de lo que hablaremos ahora; el 28 se celebra el onomástico de los agustines y el 27 de septiembre entraría el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, con lo que se concretó la independencia de la Nueva España.

Agustín Cosme Damián de Iturbide (originalmente Itúrbide) y Arámburu nació en Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783; murió fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Ya hemos señalado en otras ocasiones que pareciera que existieron dos Iturbides: el implacable y eficiente militar realista, que combatió con éxito y crueldad a las tropas insurgentes, y el militar libertador de la Nueva España, empeñado en terminar con el derramamiento de sangre provocado por esa guerra civil que había estallado en 1810.

Hoy nos concentraremos en explicar la importancia de ese documento poco estudiado en las escuelas mexicanas, pero fundamental para entender nuestra historia, tan llena de mitos y medias verdades (o medias mentiras). La recta final de la revolución de independencia se caracteriza por una amplia labor diplomática entre las partes en conflicto, como veremos a continuación, pero sobre la que poco se habla, predominando el relato sobre hechos que quizá no ocurrieron nunca, como ese supuesto “Abrazo de Acatempan”.

En las escuelas mexicanas, ya sean privadas o públicas, el acento se pone, en lo que a la historia se refiere, más en los personajes que en las ideas, más en las batallas que en los documentos, más en las leyendas que en los hechos históricamente comprobables. Es por eso que se idealizan los hechos y se piensa que los actores fueron o héroes o demonios, no personas con cualidades y defectos. Casi nunca se leen los documentos que son determinantes para entender el desarrollo histórico de los acontecimientos.

Así, entre los textos que debemos considerar como fundamentales para el nacimiento de México como Estado independiente, se encuentran la Constitución de Cádiz, los Sentimientos de la Nación, el Plan de Iguala, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y, por supuesto, los Tratados de Córdoba, un conjunto de acuerdos que se convirtió en un documento fundamental en la historia política y jurídica del naciente Estado.

Podemos decir que los Tratados (también “El Tratado”) de Córdoba son un documento de naturaleza diplomática, pues son el resultado de las negociaciones entre varias partes en conflicto, en busca de una solución pactada entre todas ellas. De un lado están quienes se erigieron como representantes de un país a la sazón de iure no independiente (Iturbide y los suyos) y, del otro lado, los representantes del Reino de España.

Este documento es, por lo tanto, un acuerdo al que llegan Don Agustín de Iturbide y Don Juan de O’Donojú (1762-1821), este último ya no como virrey, sino como “Jefe Político Superior” y “Capitán General” de la Nueva España, nombrado por las autoridades españolas. Por lo tanto, el último virrey de la Nueva España fue Don Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza (1754-1835).

Como afirmamos arriba, los Tratados de Córdoba se firmaron en esa pequeña ciudad en la intendencia de Veracruz, el 24 de agosto de 1821.

En ese mismo año, el 24 de febrero, Iturbide había proclamado el “Plan de Iguala”, también llamado “Plan de Independencia de la América Septentrional” o “Plan del Sr. Coronel D. Agustín de Iturbide”, y que se sometía a la consideración de Apodaca. Los principios fundamentales de dicho plan eran:

1. Proclamar la independencia del Imperio Mexicano.

2. Mantener la monarquía encabezada por el rey Fernando VII o, en su defecto, por algún miembro de la Corona española.

3. Declarar a la religión católica como la única que podría practicarse.

4. Garantizar la “unión íntima” de los habitantes del Imperio Mexicano, tanto europeos como americanos.

Tres de estos principios se pusieron bajo la protección de un ejército que, por lo mismo, se denominó “de las Tres Garantías” o “Ejército Trigarante”, bajo las órdenes de Iturbide, quien ya había relegado al antiguo insurgente Vicente Guerrero a un segundo plano.

De ahí los tres colores de la bandera que Iturbide manda elaborar en Iguala, que se conservan, aunque en un orden distinto, hasta nuestros días: el blanco, para significar esa religión única, la católica, para todo el Imperio Mexicano; el verde, simbolizando la independencia de la Nueva España frente a la España antigua y frente a cualquier otra potencia extranjera; y, finalmente, el rojo, para representar la unión de todos los habitantes de estas tierras.

Algunos ignorantes chistositos afirman que el blanco simboliza las nieves de las montañas, el verde representa los prados y el rojo, la sangre de los héroes. En primer lugar, a nadie en su sano juicio se le ocurriría que tenga que sostenerse un ejército con el objetivo de garantizar que las montañas sean siempre blancas, como si estuviéramos en los Alpes (y con el cambio climático, menos), que los prados sean verdes sempiternos (y menos en Iguala, lugar muy árido), y que la sangre de los héroes sea roja. Para eso no se necesita un ejército. En cambio, la observancia de una religión, la independencia y la unión de un reino sí pueden ser sujetos de la protección de un ejército.

Juan de O’Donojú llegó a la Nueva España el 3 de agosto de 1821. Como pensador liberal y político pragmático que era, se dio cuenta de que la situación era ya insostenible para España: la sublevación de Iturbide, secundado por los antiguos jefes insurgentes, cundía por todo el país y hacía ya impensable un triunfo de las armas españolas.

Es por esto que, como máxima autoridad legítima nombrada por Madrid, O’Donojú entabla contacto con Iturbide y ambos acuerdan reunirse en Córdoba, a medio camino entre la insalubre Veracruz -en donde muchas personas del séquito del jefe español habían caído enfermas, víctimas de la fiebre amarilla- y Puebla.

Los estudiosos del derecho consideran que el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba deben tratarse como una unidad: el documento firmado en esa ciudad de las montañas veracruzanas recoge los planteamientos de Iguala, pero ampliando, modificando y corrigiendo algunos de ellos.

Así, por ejemplo, los Tratados establecen con mayor claridad los órganos de gobierno del naciente imperio. Un punto importante es que en los Tratados de Córdoba no se reconoce la independencia de la Nueva España por parte del gobierno de Madrid, sino que ya se da por un hecho jurídico que lo es.

En este documento también se toma del Plan de Iguala la primera denominación oficial que tenemos del nuevo Estado: Imperio Mexicano; su forma de gobierno sería una monarquía constitucional. Por eso es que determinan los Tratados de Córdoba que, si ningún miembro de la casa reinante en España acepta el trono mexicano, será el Congreso del naciente país quien designará al emperador. Esta es una excelente medida institucional para resolver el problema que se presentaría si nadie en España aceptase la corona mexicana.

Lo que vemos en estas negociaciones es a dos políticos experimentados que logran acuerdos importantes y que persiguen el objetivo de allanar el camino para que cese el derramamiento de sangre. Por eso es que O’Donojú interviene ante las tropas españolas estacionadas en los alrededores de la Ciudad de México para que capitulen honrosamente. Solo la guarnición de San Juan de Ulúa resistió, rindiéndose hasta el 23 de noviembre de 1825.

Es cierto que O’Donojú no tenía instrucciones de su gobierno para firmar un tratado de la naturaleza de los de Córdoba, pero, por otro lado, siendo un político de ideas liberales, de amplia experiencia y de reconocida prudencia, reconoció que ya no era posible para la corona recuperar la posesión de la Nueva España.

Él mismo decía que pensaba que España ganaba más reconociendo la independencia del Imperio Mexicano que rechazándola; quizá confió en demasía en que el ambiente liberal que se enseñoreaba por ese entonces en algunos países europeos (entre ellos, España), permitiría aceptar que ya era irreversible la independencia de lo que después se llamaría México. De ahí que pensase que lo acordado en Córdoba era justo, equitativo y racional.

Sin embargo, España no reconoció la independencia de México, pero eso ya no lo supo O’Donojú, porque murió el 8 de octubre de 1821.

Creo que es importante que rescatemos a estas dos figuras determinantes en la historia de México: al Iturbide hacedor de la paz y autor de la independencia de México, y a O’Donojú, un hábil y generoso político, que supo reconocer los signos de sus tiempos.

Los Tratados de Córdoba son, realmente, un ejemplo excelso del triunfo de la negociación, la inteligencia, la prudencia y la diplomacia. Es un verdadero logro que se haya podido evitar el derramamiento de sangre en lo que restaba del camino hacia la consumación simbólica de la independencia, con la entrada del Ejército Trigarante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821; que se hayan puesto los fundamentos para la vida constitucional del país, pero que no se haya podido evitar, en la vida política posterior, el desorden, la anarquía, el odio y la mezquindad que provocaron que la joven nación perdiese más de la mitad de su territorio unas décadas después.

Por cierto: la independencia del Imperio Mexicano se proclamó el 28 de octubre de ese año.