Numerosas son las aristas de análisis que dejan los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Los demócratas arrebataron al Partido Republicano del presidente Donald Trump, el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, obteniendo victorias en bastiones tradicionalmente republicanos como Kansas, Texas y las Carolinas.
También destaca cómo la pluralidad social y cultural de la sociedad estadounidense se hizo patente en las urnas. Texas y California eligieron gobernadores de ascendencia hispana, mientras que Michigan contará con el primer senador musulmán en la historia del país y Nuevo México será gobernado por la primera mujer indígena elegida como gobernadora. Estos resultados cuestionan el imaginario excluyente y peligroso, promovido desde el trumpismo, de Estados Unidos como una nación esencialmente blanca y protestante.
Sin embargo, el presente análisis se concentra en las posibles implicaciones de esta nueva correlación de fuerzas políticas para la política exterior estadounidense y, particularmente, para las relaciones con México. De hecho, resulta pertinente analizar cuál será el margen de maniobra del presidente Trump durante el resto de su mandato.
La política exterior constituye uno de los ámbitos en los que el presidente estadounidense goza de mayor margen de discrecionalidad. Aunque, constitucionalmente, el Congreso estadounidense debe de aprobar decisiones de política exterior, el propio Poder Legislativo le ha cedido esferas de autoridad a la figura presidencial en temas tan relevantes como el uso de fuerzas armadas o la política económica internacional. De cualquier manera, Trump tendría que enfrentar un mayor contrapeso legislativo.
Además, ante el debilitamiento de su posición política interna y su afán egocéntrico por construir un legado, es previsible que Trump encuentre mayores incentivos para concentrar sus esfuerzos en el escenario internacional y ejercer al máximo sus facultades ejecutivas. Asuntos no le faltan: la guerra con Irán, la competencia estratégica con China, el conflicto entre Rusia y Ucrania, su postura ante Cuba y su relación bilateral con México ofrecen múltiples escenarios para desplegar su política exterior.
Por supuesto, la nueva mayoría demócrata, que asumirá funciones en enero de 2027, no permanecerá inactiva. Buscará disminuir la discrecionalidad del Ejecutivo en política exterior y contener aquellas decisiones presidenciales que considere perjudiciales para el liderazgo estadounidense, especialmente el unilateralismo comercial y militar que ha tensionado el orden internacional y las alianzas históricas de Estados Unidos.
¿Qué implicaciones podría tener este nuevo escenario político para México?
Es importante destacar que una derrota republicana en las elecciones intermedias podría modificar la manera en que Trump ejerce presión sobre México, pero no necesariamente sus objetivos estratégicos.
Identificamos tres ámbitos clave de la relación bilateral en los que coexisten importantes consensos bipartidistas, pero también diferencias respecto a los instrumentos para alcanzar determinados objetivos. Su evolución estará marcada por la interacción entre las prioridades del presidente republicano y las de la nueva mayoría demócrata en el Congreso.
Primero, la seguridad fronteriza. Existe un consenso básico entre demócratas y republicanos respecto a que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Durante la administración Biden ya se observaba la priorización del combate a las redes político criminales en América Latina, así como el despliegue de acciones unilaterales contra el narcotráfico, como evidenció la sustracción del delincuente Ismael Zambada. La diferencia radica, principalmente, en los instrumentos. Es previsible que los demócratas privilegien la cooperación institucionalizada y cuestionen el uso unilateral de la fuerza en territorio mexicano como respuesta al crimen trasnacional.
En el tema migratorio, ambos partidos coinciden en la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y contener los flujos migratorios irregulares. Los demócratas difícilmente podrían asumir el costo político de ser percibidos como promotores de una migración desordenada. Sin embargo, podrían impulsar simultáneamente mecanismos de migración legal, mayores oportunidades de regularización y políticas orientadas a atender las causas estructurales del fenómeno. Para México, ello significaría continuidad en las exigencias de control migratorio, pero también mayores posibilidades de cooperación.
En el ámbito económico, existen importantes coincidencias bipartidistas respecto a utilizar el TMEC como instrumento para fortalecer la producción manufacturera estadounidense, particularmente, en la industria automotriz, acero y componentes estratégicos; contener la influencia económica de China en América del Norte y reducir las dependencias consideradas riesgosas en sectores estratégicos, como los semiconductores.
La Casa Blanca podría continuar utilizando aranceles, investigaciones comerciales en sectores estratégicos y exigencias regulatorias para seguir obteniendo concesiones de México. No obstante, el nuevo Congreso podría cuestionar estas medidas por sus efectos sobre los precios y las empresas estadounidenses. Hay que recordar que los ciudadanos aplicaron el voto de castigo, en esta elección por su precaria situación económica.
Por otro lado, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México podría seguir pausada hasta no ver cambios significativos en materia de seguridad, pero también en materia regulatoria, principalmente, sobre inversiones, componentes y mercancías provenientes de China, que ingresan a las cadenas productivas. En ese sentido, las decisiones de inversión podrían depender cada vez más de la capacidad de México para ofrecer certidumbre jurídica, continuidad institucional y condiciones competitivas, aun cuando existan tensiones diplomáticas.
No obstante, los demócratas pondrán especial énfasis en el cumplimiento de los compromisos laborales de México, particularmente en el combate a las prácticas que generan condiciones de competencia desleal mediante la vulneración de los derechos de los trabajadores. En este sentido, es previsible que el tema laboral continúe ocupando un lugar prioritario en la agenda comercial bilateral y en las revisiones del tratado.
En suma, la victoria demócrata no supone necesariamente una relación bilateral menos exigente para México. Más bien, introduce nuevos contrapesos frente al unilateralismo presidencial, sin eliminar los consensos estadounidenses en materia de seguridad, migración y relaciones económicas.
México deberá comprender estas continuidades y diferencias para ampliar sus márgenes de negociación en un entorno político estadounidense en constante cambio. Para ello, será necesaria una mayor coordinación política e institucional.
