10-12-24, Pue., Pue.
Estimado Sr. Javier Láynez Potisek, Ministro de la SCJN:
Primero que nada, permítame disculparme por la forma en la que me dirijo a usted, no atendiendo a las formalidades y modismos acostumbrados, propios del ámbito jurídico. Si le escribo en un tono informal no es por falta de respeto a su investidura como ministro de la SCJN, sino porque le escribo en su calidad de ciudadano, i.e., de ciudadano a ciudadano, bajo la profunda creencia de que ser tal es siempre anterior a cualquier cargo. Antes que ser ministro, en efecto, es ciudadano, y en México, hasta donde mi entendimiento alcanza, no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ni existe ninguna forma de títulos nobiliarios. De ciudadano a ciudadano podemos prescindir de esas formalidades, sin que por eso se falte al respeto y a la dignidad propia del ser ciudadano, algo sin lo cual, incluso, no podría ser ministro. Me dirijo a usted, pues, en calidad de ciudadano y, todavía más, en calidad de persona, lo que tiene todavía mayor densidad, pues la persona es el fundamento último del derecho. En caso de que esto no fuese suficiente, le pediría que me leyera en calidad de catedrático universitario e investigador, alguien que comparte con usted su vocación de servicio público, pues todo docente, al igual que cualquier funcionario público, está llamado a servir al bien común.
El motivo de mi carta es externarle algunas preocupaciones respecto a la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 7, fracción XII de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, el cual define el “derecho a la vida” desde la concepción hasta la muerte. A este respecto ofrece dos argumentos: por un lado, que el artículo impugnado da una definición de vida que, al no ser neutra, atenta en contra de la laicidad de la educación, particularmente ahí donde se vincula con la libertad de creencia; por otro lado, que esto excede las facultades de las entidades federativas, ya que no les compete definir la noción de persona ni definir cuándo empieza la vida. El segundo argumento es muy claro y contundente: se trata de una cuestión de inconsistencia y de facultades propias del legislativo de cada entidad federativa. Sobre este segundo argumento no veo mayor problema. Me preocupa, sin embargo, el primer argumento, ya que contiene una serie de presupuestos con los que difiero y que son sumamente discutibles. Uno de esos presupuestos, por cierto, es el que señala el ministro Luis María Aguilar, quien advierte que no toda forma de “adoctrinamiento” es negativa, para lo cual basta atender al sentido del término, el cual nos remite, a su vez, a términos como “aleccionar”, “adiestrar”, “enseñar”, “instruir”, etc. De ser esto así, toda enseñanza constituiría una forma de “adoctrinamiento”, aunque entiendo que el término usualmente se asocie más con un tipo de manipulación contraria a la formación del libre pensamiento.
Mi reflexión, sin embargo, apunta en otra dirección, mucho más cercana a su uso del término y a su asociación de esta definición como una forma de manipulación o sesgo ideológico que coarta la libertad de pensamiento. A este respecto, advierte que la educación laica debe mantenerse neutral respecto de cualquier convicción moral o religiosa y debe proporcionar un entorno en el que se fomente el pensamiento crítico y se respete la diversidad de ideas. Con esto último no tengo ningún reparo, pues concuerdo en decir que la educación debe formar gente pensante y que sea capaz de respetar la diversidad. Mi reparo, más bien, es con lo primero, que bien puede desdoblarse en dos temas: por un lado, en creer que la educación es neutral, como si educar en valores de pluralidad y tolerancia careciera por completo de todo supuesto; por otro, en creer que una convicción moral o religiosa es un tipo de sesgo que termina por adoctrinar y por coartar la libertad de pensamiento o creencia.
¿Podemos decir, en primer lugar, que la educación es neutral? Y en todo caso, ¿debemos ser neutrales en cuestiones fundamentales como la defensa de los derechos humanos o la formación en valores? Que la ley sea imparcial no implica, por ejemplo, que sea neutral, o que no tenga ciertos presupuestos, o convicciones sobre las cuales se fundamenta. Lo neutro, por definición, es aquello que es indiferente y que, hasta cierto punto, se abstiene de cierto tipo de intervención. Un estado neutral, en este sentido, es un estado que se mantiene ajeno ante cierta situación o conflicto. Pero, ¿puede la educación ser neutra y, al mismo tiempo, fomentar valores de pluralidad y tolerancia, tal y como sostiene a lo largo de su intervención? Me parece que no debemos confundir una cosa con la otra, y mucho menos creer que la laicidad se entiende como neutralidad, en cuyo caso también deberíamos cuestionar si su postura es realmente neutral (podría ser que también tenga un sesgo ideológico, uno diferente del que reniega, pero no por eso menos ideológico). Aquí también me cuestiono si existe realmente un acto jurídico que sea realmente neutral, en cuyo caso tendríamos algo de carácter normativo que no da ningún tipo de normatividad. Esto es contradictorio y, por ende, carente de sentido. Sobra decir, además, que esta neutralidad se opone a toda posible apertura a la pluralidad, que es lo que entiendo que busca una genuina educación laica, según lo que usted mismo menciona. De hecho, si es laica, ya no es neutral. Es más, si usted mismo reconoce que no hay consenso sobre cuándo inicia una vida humana, ¿es neutral tomar postura al respecto?
Decir que este tipo de convicciones o creencias “religiosas”, como las califica, son un sesgo ideológico que impide el escrutinio independiente de los estudiantes, en segundo lugar, me parece algo totalmente infundado. ¿Cuántas mentes de las más brillantes de la historia de la humanidad no han profesado una creencia religiosa, sin que ello supusiera ningún tipo de sesgo o de impedimento para el pensamiento? ¿Cuántas de estas mentes, incluso, han ayudado a ganar claridad sobre cuestiones fundamentales como, repito, los derechos humanos o la legítima defensa de la dignidad? ¿Cuántos filósofos, teólogos, juristas, y otro sinfín de personas piadosas y creyentes, fueran cristianos, judíos, musulmanes o de cualquier otra acepción, no han contribuido significativamente en este sentido? Si nos atenemos a la historia del pensamiento, veremos que el cargo imputado es improcedente y que existen una amplia variedad de ejemplos históricos que podrían servir como contraejemplos de esto. Basta mencionar un caso, a saber, el de Fray Bartolomé de las Casas, un fraile y filósofo católico sin el cual no podríamos hablar en la actualidad de derechos humanos. Fray Bartolomé de las Casas fue el primer gran intelectual en defender algo así como los derechos humanos, al oponerse a la esclavitud en la Nueva España: si bien lo hizo paulatinamente, y con sus luces y sus sombras, fue el primero que reparó en la necesidad de articular algo del estilo, mucho antes, incluso, que sus sucesores ilustrados.
Usted juzga, además, que este tipo de creencias o convicciones son ideológicas y que, por ende, inhiben la toma de decisiones libres, informadas y objetivas, pero lo hace bajo el supuesto de que son convicciones o creencias que, si bien son respetables, carecen de toda posible objetividad. Y añade que, para evitar caer en adoctrinamiento, la materia sobre la cual se enseña debe transmitirse de manera objetiva y no desde una visión particular, como si este tipo de creencias carecieran de objetividad o fueran meramente convicciones particulares. Si sólo existiera un grupo que existiera en la justicia, hipotéticamente hablando, esto no implicaría que la justicia es una mera convicción particular, pues su universalidad residiría en algo más. En el caso que estamos analizando ocurre algo semejante. Contrario a lo que supone, estamos frente a algo que tiene cierta pretensión de validez universal y que no es una mera creencia religiosa particular, aunque tradicionalmente sea una convicción defendida por ciertos grupos religiosos. Pasaría lo mismo que si hablamos de la dignidad: que ésta sea tradicionalmente defendida por los cristianos –o por los judíos, o por quien sea-, no implica que sea una mera creencia religiosa particular, carente de fundamentos o de objetividad.
A lo cual se suma la necesidad de definir qué considera la SCJN que es la objetividad, lo que me parece que excede por mucho el ámbito de lo jurídico, para remitirnos, más bien, al ámbito propio de lo epistemológico. No quedan claras sus razones para sostener que carece de objetividad, o que no es algo que se puede enseñar objetivamente. En cuyo caso, bajo el supuesto de que fuera algo de esta naturaleza, dejaría de ser adoctrinamiento, según su definición. Sé que el tema es cuestionable y que amerita una larga reflexión, pero eso es justo lo que pretendo ocasionar a través de esta carta. Mi intención, en este sentido, no es pelear con usted, sino tan sólo manifestarle mis inquietudes, que son cuestionables, pero también dignas de ser consideradas y analizadas.
Sin más por el momento y agradecido por su atención.
Roberto Casales García
